El Consejo de Estado, en razón a los graves, sistemáticos e irrespetuosos mensajes emitidos por parte del señor presidente de la República en contra de sus diferentes decisiones, que ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta Corporación, manifiesta a la opinión pública y a los organismos internacionales su contundente rechazo.
Las sentencias, los conceptos y todas sus decisiones y actuaciones, que adopta como suprema autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y como juez de los actos del gobierno y, en general, de la administración pública, son el resultado de procesos ajustados a la Constitución y a la ley, y están orientados por los principios de autonomía e independencia judicial.
La Corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad.
Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión.
Se hace un llamado a la reflexión sobre el deber de respetar la independencia y autonomía judiciales que son la base del equilibrio y separación de poderes y del funcionamiento de una democracia sólida y estable. La confianza en las instituciones es esencial para que la justicia siga siendo un pilar de nuestra sociedad, pues su debilitamiento solo favorece a aquellos que buscan el beneficio propio en lugar del bienestar colectivo.
Esta Corporación reclama de las altas dignidades del Estado que sus manifestaciones sean acordes con la responsabilidad del cargo que ejercen, como corresponde en un Estado constitucional y democrático de derecho.